La reciente formalización de dos personas, en este caso funcionarios públicos de elección popular, pone en la discusión la situación jurídica que podrían enfrentar  estos presuntos involucrados en delitos comunes, en el caso de ser condenados, dado que por su rango político, no tienen fuero, como ocurre con los parlamentarios. Más allá de su presunta responsabilidad, o inocencia, distintos personeros opinan acerca de esta situación, que podría marcar diferencias con el ciudadano común.

 

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